Preámbulo
Que sea considerado, con aquella atención seria y deliberada que exigen los asuntos de profunda consecuencia moral, que nosotros, que nos encontramos herederos de una particular tradición civilizacional — que recibió por primera vez forma institucional coherente bajo los auspicios de los primeros reyes leoneses y castellanos; una tradición cuyos principios de libertad y justicia fueron posteriormente solemnemente codificados en las Cortes de León de 1188 — a menudo llamada el primer parlamento del mundo occidental — hace más de ocho siglos; ulteriormente refinados y afirmados en los fueros, las Cortes de los reinos y la Constitución de Cádiz de 1812; y cuyo espíritu ha continuado moldeando la vida constitucional de España y los derechos del pueblo español dentro de nuestras propias tierras a través de los siglos —
nos encontramos ahora obligados, por los más solemnes dictados del sentimiento natural y del deber, a hablar acerca de su preservación.
Declaración
Es, por tanto, con la gravedad impuesta por nuestra condición de agentes morales que declaramos lo siguiente: Nosotros constituimos un pueblo unido no sólo por circunstancias temporales, sino por la herencia común de costumbres, leyes y de un modo distinto de existencia social. Es deber de toda sociedad, como de todo individuo, asegurar aquello que es necesario para su preservación y su florecimiento. No podemos, pues, en buena conciencia, consentir en la enajenación de nuestros medios de subsistencia, de nuestros derechos establecidos, de nuestras tierras o de los frutos de nuestra industria colectiva, ya sea que tal enajenación sea intentada por fuerza abierta, por artificio clandestino o por cualquier otro medio contrario a la justicia natural.
Resoluciones
ADe estas reflexiones nacen las siguientes resoluciones, que se recomiendan al observador imparcial como justas y necesarias:
PRIMERA, Dado que somos los descendientes y los herederos legítimos de los primeros cultivadores y fundadores de estos territorios, y que llevamos la responsabilidad ante las generaciones futuras, afirmamos que la propiedad última e inalienable de estas tierras ancestrales, así como de todos los bienes que legítimamente de ellas derivan, reside en nuestro cuerpo político. Esta reivindicación no se funda en la mera conquista, sino en aquella larga e ininterrumpida aplicación de trabajo y de cuidado que, según los sentimientos universales de la humanidad, constituye el título más respetable a la propiedad.
SEGUNDA, Dado que la simpatía y la confianza que forman el vínculo de toda sociedad estable son minadas por la introducción de multitudes desprovistas de lealtad común o de propósito compartido, afirmamos que es nuestro derecho natural y doloroso deber — deber impuesto por la obligación primordial de la autopreservación — regular la composición de nuestra comunidad. Podemos así, con profundo pesar pero con firme necesidad, ser compelidos a excluir a aquellas personas o asociaciones cuya presencia, al ser contraria a la voluntad colectiva y al orden establecido de nuestra sociedad, amenaza su propia cohesión y la seguridad de sus habitantes originarios.
TERCERA., Dado que el sistema de propiedad es el fundamento de todo progreso y su violación una herida a la orden social, mantenemos una reivindicación primordial de buscar la restitución de aquellos bienes que fueron injustamente enajenados de la herencia de los descendientes de estas tierras. Ya sea que tal enajenación haya ocurrido en época reciente o más lejana, si fue efectuada por fraude, fuerza o perversión de las leyes o de las instituciones públicas, la injuria original persiste. Es, por tanto, exigencia de justicia, esencial para la restauración de relaciones equitativas, que tales bienes sean devueltos a la custodia del pueblo de quien fueron sustraídos, para beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Así, guiados por la luz serena de la razón y por un firme respeto de los principios de la justicia natural, exponemos estas consideraciones, no como dictados de la pasión, sino como las conclusiones solemnes de un pueblo movido por un deseo sincero de restaurar aquel orden justo que es el único fundamento seguro de la seguridad, de la prosperidad y de la rectitud moral de cualquier sociedad civilizada.